Carlos Arámburo Muro
En México, la reestructuración productiva de la crisis de los ochenta trajo consigo la ola de privatización de las empresas públicas, esto como recomendación de las instituciones financieras de carácter mundial como el FMI y el BM principalmente.
Actualmente el FMI se sienten con la responsabilidad de mejorar las condiciones de trabajo a favor del capital, es decir, proponen que en México se aproveche el momento coyuntural de la extinción de Luz y Fuerza para impulsar reformas estructurales de flexibilidad laboral, ya que dicha desaparición dicen, a sido un paso importante para mejorar la productividad del sector energético; en este sentido plantean como salida a la crisis económica que vive el país la intervención del capital privado en Petróleos Mexicanos (PEMEX).
El concepto flexibilización que usa el FMI, no ha sido definido por éste, esto es: no dice a que se refiere con flexibilizar, sin embargo, numerosos empresarios y portavoces del capital han expresado abiertamente que este proceso consiste en disminuir los costos de producción, eliminando las barreras producto de conquistas obreras. La contratación en el esquema flexible se realiza sin un contrato colectivo ni individual, o en el mejor de los casos con un contrato temporal y sin posibilidad de asociación entre los trabajadores. Pero la flexibilización no solo hace referencia a la contratación, sino que tiene que ver con el establecimiento de jornadas de trabajo no definidas, pago por horas, pago a destajo. En el caso de las asociaciones obreras con derecho a huelga, se siguen dos caminos, uno, eliminar los contratos colectivos, y otro, limitar el tiempo de duración de huelgas y el establecimiento de una cantidad máxima en el pago de sueldos caídos.
Resulta preocupante que el gobierno mexicano opte por seguir tales recomendaciones, sin embargo, la propuesta de incorporar capital privado en PEMEX para regir las relaciones laborales, no es nueva, ya hace un par de años se suscito varios debates intelectuales al interior del país, así como entre los diferentes actores políticos de la economía nacional. El gobierno decía que había encontrado nuevos pozos petroleros en el Golfo de México y argumentaba que si se deseaba volver a colocar al país como uno de los principales exportadores del crudo, mejoraría la situación interna de la sociedad. Desde luego, que esto es una falacia, no podemos permitir que el patrimonio nacional pase a manos de empresas privadas, pues la riqueza producida en este campo (el de los combustibles) difícilmente será utilizada para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la empresa y mucho menos para inversión en infraestructura social.
Por otro lado, está la noticia de las movilizaciones sindicales en nuestro país durante los últimos días. La situación del SME y de los trabajadores mineros de Cananea, han provocado reacciones tanto de grupos sociales en defensa de sus derechos como del gobierno. Como ya sabemos en Octubre de 2009 se decreta la extinción inconstitucional e Luz y Fuerza del centro, lo que implico el despido de miles de trabajadores y que expresa el carácter capitalista del Estado.
El 16 de Marzo pasado, el SME convocó a una huelga política nacional que produjo numerosas protestas de sindicatos y organizaciones sociales. Algunas de las acciones de estos grupos fueron el cierre de carreteras, marchas, y como era de esperarse enfrentamiento con la policía local y federal en diferentes partes del país. La huelga nacional no se consiguió.
Por último, quizá debamos tomar como enseñanza, que en México se hace cada vez más necesaria la búsqueda de alternativas de manifestación de intereses, que permitan efectivamente contrarrestar las embestidas del capital. Ya no debemos, desde mi punto de vista, intentar negociar con las autoridades, necesitamos mostrarles como sociedad nuestra capacidad de acción mediante formas más pensadas y organizadas de protesta social. Esta protesta debe incluir propuestas abiertas a ser dialogadas por quienes estén interesados en cambiar radicalmente este estado de cosas.
